La lista de afectados por el cierre tras la entrada en concurso de acreedores de las ocho clínicas de la cadena Dentix en Galicia, de las que 4 estaban instaladas en las principales ciudades, no para de crecer cada día.
Así lo confirma el abogado de Vigo Antonio Salceda, que dirige la plataforma de perjudicados, que fue creada tanto para suspender el pago de la financiación concertada con la firma y con las financieras, como para recuperar las cantidades desembolsadas por encima del valor del tratamiento recibido.
Según el fallo, recogido por Europa Press, se reduce de 11 años y medio de cárcel a ocho años la pena a los seis principales implicados, que fueron condenados por delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas. En el caso del delito de secuestro, se reduce la pena de nueve años impuesta inicialmente por la Audiencia de A Coruña a siete años de prisión, al estimar el Supremo que no debe aplicarse la agravante de aprovechamiento de la circunstancia del lugar --antigua agravante de despoblado-- para cometer los hechos. En cuanto al matrimonio propietario de la vivienda donde estuvo el secuestrado, que fueron condenados por ser cooperadores necesarios del secuestro, se les reduce la pena de seis años y medio a seis años de cárcel.
Salceda&Abogados ya asesora a 50 pacientes de la cadena de clínicas dentales y cree que la cifra continuará creciendo: "Lo más acuciante ahora es paralizar los créditos de quienes no han recibido el tratamiento contratado o no han podido finalizarlo"
La reciente quiebra de Dentix, con 200 clínicas en toda España, de las cuales ocho están en Galicia, deja un gran número de afectados entre los pacientes de la cadena de clínicas dentales con perjuicios económicos para los mismos, al encontrarse estos actualmente endeudados con créditos destinados a pagar tratamientos de salud buco-dental que no han recibido o no han podido finalizar; y también psicológicos, en los casos en los que, a esta problemática, se suma el estrés derivado de una mala ejecución de los servicios prestados.
L.M.C.F., el hombre que asesinó a cuchilladas a su excompañera sentimental en la autopista AP-9 en 2008, ya está en la calle y solo debe ir a dormir al Centro de Inserción Social (CIS) de Vigo tras pasar únicamente en prisión 5 de los 15 y medio de prisión a los que fue condenado. El juez de Vigilancia Penitenciaria de Pontevedra le concedió un segundo grado "especial" pese al rechazo de la junta de tratamiento del penal de A Lama y la Fiscalía vio inviable recurrir porque la Audiencia pontevedresa ya había desestimado su recurso contra el primero de los cinco permisos de salida que tuvo el reo. Ayer, el abogado del condenado defendió que su cliente "cumple escrupulosamente todos los requisitos" para su actual situación penitenciaria y afirmó que, en base a los informes de profesionales de la "propia cárcel", no existe "ni riesgo ni peligro de reincidencia". "No sufre ninguna psicopatía, manifestó su arrepentimiento y tuvo un comportamiento ejemplar en la cárcel; (el crimen) fue un hecho puntual y aislado", manifiesta.
Abogado Salceda, socio director de la firma de Vigo Salceda & Abogados, especializada en demandas colectivas, aconseja a todos los afectados por la quiebra de Dentix, la red odontológica de bajo coste, que no pierdan ni un minuto y que busquen asesoramiento legal para demandar. Salceda ya representa a 50 afectados y la cifra sigue aumentando. “En Galicia hay ocho clínicas. En España, un total de 300. Son muchos los afectados. Además, Dentix había asumido muchos de los pacientes de iDental, también quebrada”, explica. La problemática a la que nos enfrentamos es muy variada.
“Hay gente que ha pagado todo a través de financieras y que no han finalizado los tratamientos. Otros todavía están pagando cuotas. Algunos han sido objeto de mala praxis. El perfil mayoritario de los clientes de Dentix es el de personas de clase media sin demasiados recursos económicos”, precisa. Salceda tiene muy claros los pasos a dar, en defensa de sus clientes, que son válidos tanto para Galicia como para Madrid, donde opera, como para el resto de España.
Los afectados por el presunto fraude inmobiliario de Vigo denuncian que la trama fue orquestada entre seis intermediarios y ConstruCuatro·· Buscaron clientes entre familiares y amigos, a los que se obligó a pagar los "extras"
Hasta cuatro millones de euros habría ingresado la constructora pontevedresa ConstruCuatro por el presunto cobro del sobreprecio exigido a los compradores de los pisos de "precio concertado" que ha construido y entregado este año en el número 25 del polígono vigués de San Paio de Navia.
La sala segunda del Tribunal Supremo redujo de once años y medio de cárcel a ocho las penas de los seis principales implicados en la retención en una casa de Lalín de un maderero de Cambre y que fueron condenados por delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas. En cuanto al delito de secuestro, el Supremo baja la pena de nueve años impuesta en su día por la Audiencia de A Coruña a siete años de prisión. Considera que no debe aplicarse en este caso la agravante de aprovechamiento de la circunstancia del lugar para cometer los hechos.
Algo que ya en su día había reclamado en el juicio el abogado defensor del principal encausado, considerado como el cabecilla del secuestro, Jesús Mejuto Paredes, el letrado vigués Antonio Salceda Domínguez. Este, que representa también al hijo de Jesús, Miguel Mejuto Rivera, considera la reducción como «de justicia».
La comisión disciplinaria estudia la queja de afectados de Navia por el cobro de sobreprecios por la "dilación" en la instrucción
Denuncian el "parón" en la investigación
La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, estudiará la petición de los afectados por el pago de sobreprecios de viviendas de precio concertado construidas por Construcuatro en el polígono vigués de San Paio de Navia, de revisar todo el proceso de instrucción dirigido por el Juzgado número 2 de la ciudad olívica como consecuencia de la demanda presentada en 2006 por los dos primeros afectados.
